Populismo en Salud

Por Ántero Flores Araóz / expresidente del Congreso

Por expreso mandato constitucio­nal, todos tenemos derecho a la protección de la salud, siendo com­petencia del Estado determinar la política nacional de salud y condu­cirla en forma plural, para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

La protección de la salud tiene diversas modalidades, así tenemos la salud preventiva, en que son des­tacables las campañas de vacuna­ción. También tenemos el cuidado de la salud y, de ser afectada, los me­canismos para su recuperación en instituciones públicas como priva­das y mixtas, destacando entre las primeras el servicio que se presta en postas y hospitales, tanto del Mi­nisterio de Salud como de EsSalud, y con la ayuda del Servicio Integral de Salud (SIS).

Entre los establecimientos privados de salud, contamos con postas médicas, policlínicos, clínicas particulares y todo ello complementado con seguros privados de salud y de accidentes personales. Es más que evidente que el sector privado contribu­ye a la salud de la población y en cierta medida coopera con el Estado al brindar servicios eficientes e incluso personalizados.

Dentro de los lineamientos expuestos, un sector de la salud, tanto preventiva como curativa, se encuentra en la elabora­ción, importación, distribución y expendió de medicamen­tos y, en general, productos medicinales, por lo que es legí­timo el interés del Estado en que la población pueda recibir productos farmacéuticos adecuados y en tiempo oportuno.

El interés del Estado en la salud de la población y en el su­ministro de medicinas, no es discrecional sino que se en­cuentra dentro de un marco regulador constitucional que permite la pluralidad de las pres­taciones y de los agentes que las otorgan, el respeto a la iniciativa privada, la libertad de empresa, el tratamiento igualitario entre los sectores público y privado, la libre competencia, la libertad contractua,l al igual que la de pro­ducir y comerciar bienes y servi­cios, sin olvidar la defensa de los consumidores.

Por lo expuesto, llama la aten­ción que, en el Congreso de la Re­pública, que es el palacio de las leyes, se trate de afectar el marco jurídico constitucional en lo que se refiere a las medicinas y espe­cialidades farmacéuticas. En efec­to se han presentado proyectos para terminar con el libre comer­cio consagrado en la Constitución y poner precios máximos a tales productos, bajo el pretexto que en el Perú son caros.

Llegó a nuestras manos un estudio hecho por una de las primeras y más serias consultoras en investigación de tipo económico y mercado, que verificó que en el Perú los precios de los productos a que nos referimos están por debajo del promedio de precios en la región. Por ejemplo, en medica­mentos crónicos -24%, en agudos -17% y en genéricos -82%.

Por otro lado, el 78% de las medicinas se encuentran en las instituciones públicas, el 9% en las grandes cadenas farma­céuticas, el 11% en otras boticas y el 2% en otro tipo de instituciones privadas. El grave problema es el desabastecimiento que se encuentra en los establecimientos del sector público. Hay soluciones, y las trataremos en otros artículos de opinión.

Fuente/Exitosa Noticias 

 

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