Pedraza Sierra sobre acusación contra Ollanta se vulnera el principio de legalidad, la prohibición de analogía, hechos atípicos, precedentes riesgoso para la democracia

Lima 9 de mayo de  2019

En el Programa Entérate con Lesly Tv, en su edición del 08 de mayo de 2019, conversamos con el doctor Wilfredo Pedraza Sierra, ex ministro del Interior, y actual abogado defensor de la ex pareja presidencial Ollanta Humala Tasso y esposa.

Interlocución El proceso penal seguido contra Ollanta Humala se viene convirtiendo como aquel caso que podría sentar una base jurídica y jurisprudencial de suma importancia para el futuro de los partidos políticos y en consecuencia para nuestra democracia, toda vez, que las personas tenemos amparado constitucionalmente  nuestro derecho fundamental a la participación política y que sin duda su ejercicio y efectividad se trasluce en la constitución de partidos políticos como el sustento de una democracia representativa  aunque no absoluta, porque la Constitución también ha previsto mecanismos de participación directa a través del referéndum, revocatoria, remoción.

El ex ministro interior y hoy abogado defensor de Ollanta Humala y esposa, además de considerar que la acusación fiscal es “excesiva” lo cual no los “asombra” porque en el caso de sus patrocinados se ha venido cometiendo de forma recurrente una “suerte de arbitrariedades” comenzando por la detención preventiva y luego con el allanamiento e incautación de sus inmuebles, un acto bochornoso y abusivo que sucedió inmediatamente al salir de la cárcel, del cual el país fue testigo. Cabe señalar que, esta medida judicial se impuso no considerando que en dicha casa habitaban los hijos “menores de edad” de la ex pareja presidencial.

El doctor Pedraza Sierra precisó que hay dos ejes centrales que se desprende de esta acusación fiscal: el primer es en relación a que sí a partir de  una investigación judicial  se puede solicitar el cierre o disolución de un partido político y aquí  varias interrogantes:¿en donde queda la Ley de Partidos Políticos y en consecuencia se estaría relevando de esa potestad a los órganos electorales quienes en razón a la especialidad y competencia son los que tendrán anular la inscripción de una organización política por las causas establecidas en la Ley?. Nos encontramos frente a hechos sin precedentes y lo más grave aún atípicos.

Interlocución:

No se trata tan solo de un proceso penal o de una investigación judicial mediática simplemente, sino que el mediante una acusación fiscal o decisión judicial se pretenda disolver un partido político, nos preguntamos si ello no estaría también afectando a la democracia como sistema político en su esencia. Porque hoy puede ser el partido nacionalista mañana lo será otro como por ejemplo al APRA respecto del cual se ha abierto una investigación preliminar por una “supuesta fuerza de choque en su interior”.

Entonces, podríamos tener un panorama muy riesgoso para la democracia, pues ahí donde un líder de partido estuviese involucrado en una investigación por corrupción o lavado de activos u organización criminal, se pretenda comprender además a la propia organización política del cual pertenece.

Son precedentes muy riesgosos y por ello es que estos ejes merecen un debate jurídico, porque aquí lo que correspondería es aplicar correctamente el derecho; siendo este último lo que menos se ha hecho. Al no aplicar correctamente el derecho trae como consecuencia interpretaciones antojadizas, abusivas y/o arbitrarias.

Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta precisa Pedraza Sierra es el hecho de que una organización política no lo integra una o dos personas, tienen dirigencias, bases sociales, una representatividad, pasan un proceso de verificación de firmas ante los órganos electorales, y en el acta constitución de las misma se precisa los objetivos de su fundación. La pregunta ¿Voy a conformar una organización política para delinquir? Pues estamos frente a una organización criminal cuando la misma se crea o se hace para poder delinquir de forma permanente. Y sobre este punto, la Fiscalía incurre en establecer una “analogía” cuando ello está prohibido por el derecho penal. La prohibición de la analogía se deriva del principio de legalidad.

La Constitución Política del Perú en su artículo 139 inc., 9 establece: “El principio de inaplicabilidad por analogía de la Ley Penal y de las normas que restringen derechos”. Asimismo, en el Artículo III del Título Preliminar del Código Penal (CP) se señala: “Que no está permitida la analogía (..)

Finalmente, otros de los aspectos centrales del debate jurídico va hacer el hecho de cuestionarse si un aporte de campaña estaría tipificándose como un delito de lavado de activos o en una infracción administrativa, cuando en nuestra legislación no está tipificado el financiamiento ilegal (aportes de procedencia ilícita). El doctor Pedraza señaló además que recién comienza el debate jurídico, estamos en el inicio del primer tiempo.

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