Opinión: Remembranzas del Baguazo. “Una desinteligencia humana” por Lesly Llatas Ramirez

Lima, 5 de junio de 2019 

Remembranzas del Baguazo:

Un extracto del articulo que escribí en el 2009.

Las conclusiones y/o reflexiones son válidas para tiempos actuales ( 10 años después)

Sobre  la situación de violencia originada en Bagua.-.

Estas situaciones de violencia interna en el país nos tiene que hacer recapacitar a  todos los peruanos  y no sólo al Estado quien es el principal llamado a establecer puentes de diálogo para lograr una política de Estado y en base a consensos. Sobre todo que los conflictos de carácter social van en aumento y con pronóstico a futuro de desembocar en un “conflicto armado interno”. El país no quiere más violencia, ni actos denigrantes contra las personas.

La sociedad  peruana demanda un clima de paz y tranquilidad, de diálogo, de persuasión, que las leyes que se dicten vayan acorde con realidades concretas,  expresando las necesidades de todos los peruanos pero sobre todo de los más necesitados y de quienes han sido excluidos y olvidados en sus derechos y en su dignidad.

Por su parte, saludamos que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), venga  realizando un apoyo humanitario  a las victimas de la violencia en Bagua, no en aplicación del Derecho Internacional Humanitario propiamente dicho por no ser el caso, sino basando su intervención en una acción humanitaria en razón a su principio de neutralidad e independencia, que más adelante comentaremos.

Es necesario, sentarse a reflexionar qué  factores  han conducido a generar ésta situación de violencia lamentable y con diferentes matices principalmente socio-político. ¿No será a caso que el Estado no ha tenido presencia suficiente y efectiva con nuestras comunidades indígenas? ¿A caso nuestros indígenas no son también peruanos, miembros de nuestra sociedad? ¿Qué inteligencias humanas son responsables de ésta situación de violencia en Bagua? ¿Qué hemos hecho como sociedad para acercarnos a las comunidades indígenas? ¿Habría que preguntarse si el Estado ha hecho suficientes esfuerzos por entender sus costumbres, tradiciones, modus vivendi, la  necesidad de ser escuchados y ser entendidos en su lengua aborigen?  

Son muchas interrogantes para tan poca respuesta. Nosotros como sociedad también asumimos parte de esa responsabilidad en el sentido de no haber coadyuvado  suficientemente con la difusión y promoción de los derechos fundamentales de los pueblos originarios, somos también responsables de no haber hecho lo suficiente para evitar situaciones de discriminación. En ese sentido, somos co responsables con el Estado, pero lo que no se puede aceptar jamás es la violencia “venga de donde venga”, peor aún si viene del propio Estado, valiéndose de todo su poder para hacerlo.

Nuestras comunidades indígenas, han estado olvidadas, poco entendidas y descansa sobre ellos una serie de complejos, por el hecho de sentirse discriminados, que son diferentes a los demás y es muy probable que sea uno de los factores que conduce a una reacción alarmista y defensiva en ellos, susceptible de ser también engañados con mucha facilidad, lo cual, no significa que se justifique actos de violencia que provenga de ellos también.

Con ello no pretendo de ningún modo denigrar la dignidad de nuestros indígenas, todo lo contrario, disgregar algunas de las posibles causas que originaron estos conflictos es ayudar a esclarecer una realidad que no podemos seguir considerando un “tabú”.  Nos preguntamos lo siguiente: ¿Cómo podemos interpretar el artículo  2º inciso 2 cuando señala  que “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley”? se supone que la norma constitucional es de carácter general y se aplica a todos sin excepción; sin embargo ello no es así, porque nuestra sociedad profesa aún la discriminación racial y muy marcada.

En este sentido, nos preguntamos ¿Qué hemos hecho tanto el Estado como la Sociedad, para corregir ésta situación? No sólo el Estado es responsable sino nosotros también como parte de una sociedad, incluso de la formación de los hogares, niños que crecen odiando y discriminando a personas por ser negros, cholos, blancos, mestizo, o porque no somos de la misma condición económica y social.

De otro lado, también acoger un aspecto que creo que es importante decirlo,  reconocemos que tenemos una sociedad que aún discrimina, pero está en nosotros mismos no sentirnos discriminados por lo que somos, es decir, “auto discriminados”; ello es un tema de actitud personal, es decir, si soy indígena, pues ¡no tengo por qué sentirme menos que otros!, si soy negro ¡no tengo por qué sentirme menos que el blanco o diferente!, en lugar de hacer mesas de dialogo entre personas  de raza negra  o indígenas propiamente, hagamos una mesa de dialogo pluricultural,  la raza  ni el color no pueden ser factores que coloquen a una persona por encima de otra, de lo contrario ¿De qué derechos humanos hablamos?   

No ayudamos a erradicar el fenómeno de la discriminación si nosotros no vamos a cooperar, y una de la forma es no “auto discriminarnos”. Eso pasa por el hecho de inyectar una corriente de optimismo y de autoestima, concientizar que somos seres con dignidad y que nadie puede quebrantarlo y, es obligación del Estado efectivizar nuestros derechos fundamentales, hacer que se cumplan en el marco de la igualdad;

La situación de violencia en Bagua, fue producto de una desinteligencia humana, que pasa algunos factores importantes:

 Ausencia de presencia efectiva del Estado Peruano respecto de los derechos de las comunidades indígenas y nativas, no me estoy refiriendo individualmente a qué presidente de la República del Perú, sino al Estado como tal, pues es este asunto de política de Estado y no tanto de políticas de gobierno. La política de gobierno dura mientras esté vigente el gobierno que la concibió, mientras que la política de Estado obedece a un interés nacional que determina el anhelado bienestar común   por lo que debe conservarse en forma permanente.

En cambio, las políticas de Estado es todo aquello que un gobierno desea implementar en forma permanente, para que trascienda a través del tiempo sin que se vea afectada por uno o varios cambios de gobierno.

  Provocación e información errónea a las comunidades indígenas respecto al destino de sus tierras, hecho que deberá investigarse a fondo para llegar al derecho a la verdad. La sociedad peruana tiene derecho a saber la verdad, qué Instituciones y qué personas fueron responsables de este cometido y adoptar las medidas correctivas al respecto.

  Falta de voluntad política de parte del Parlamento Nacional para derogar los decretos legislativos cuestionados y demandas, a sabiendas que ello originaria una situación de violencia, siendo ésta previsible,  y, habiéndolo advertido los propios legisladores no solo nacionalistas que fueron los que más incidieron en el tema de la derogatoria sino también de otras bancadas.

No resolver la situación en la oportunidad debida es una desinteligencia humana total. La sociedad peruana deberá tomar en cuenta este hecho  para no volver a elegir a legisladores que no son capaces de representar los intereses del país con dignidad.

Un acto de intransigencia en ambas partes,  sí esta violencia se ha suscitado es porque no se supo dialogar, hubo intolerancia e inflexibilidad para plantear las resoluciones del caso.  La intransigencia es la antítesis de la tolerancia y del dialogo constructivo. 

Audiencia temática ante la CIDH

En la audiencia temática Nº 16 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo el pasado 03 de noviembre 2009, representantes del Estado y peticionarios (ONGs de DDHH), abordaron dos temas puntuales:

1º.- Derechos humanos en la Amazonía peruana

Participantes: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, Estado de Perú, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESP), ORPIAN

País: Perú

Tema: Derechos de los Pueblos

2º Derecho a la consulta de los pueblos indígenas de Perú

Participantes: Estado de Perú, Instituto de Defensa Legal (IDL), Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle

País: Perú.

Temas: Derechos de los Pueblos Indígenas      

En lo que, respecto al primer tema, los representantes del Estado (Ministro de Justicia, Dr. Aurelio Pastor, el presidente del Poder Judicial, Doctor Javier Villa Stein, la Representante del Ministerio Público. Entre otros.)  protestaron porque en la comunicación cursada al Estado Peruano, no se precisó abordar el tema de Bagua, ello originó reacciones de extrañeza en los propios representantes del Estado.

Acto, seguido, la CIDH aclaró en el sentido de que si bien es cierto no se precisó expresamente que en dicha audiencia, se trataría un punto relacionado con el tema Bagua, el Estado debió prepararse, toda  vez, que al tratar  el tema  “los derechos humanos en la Amazonía Peruana” era de suponerse que el punto de Bagua se trataría sin que sea especificado.  Agregó la CIDH que ello no debe ser sorpresivo para el Estado ya que todo está reglado en aplicación del artículo 41º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-

De otro lado, la CIDH, aclaró que el hecho de solicitar el estado actual de las investigaciones judiciales respecto al caso Bagua, ello no reporta una interferencia en la independencia y autonomía de los órganos del Estado, porque la CIDH tiene la obligación de velar por los derechos humanos de la región y más aún cuando tal situación ha sido puesta en conocimiento de la propia Comisión, ello en virtud de las competencias de ser un órgano supranacional de protección de los derechos humanos.

En dicha audiencia la CIDH la solicitó al representante del Poder Judicial y al Ministerio Público información acerca de las denuncias que se vienen investigando sobre las lesiones a los civiles y muertes suscitadas en Bagua.

Se hizo hincapié a temas pendientes como la vigencia de los decretos legislativos que motivaron la violencia en Bagua y la preocupación de cuándo aproximadamente el Estado Peruano estaría emitiendo el informe la comisión de la verdad conformada para investigar los hechos en Bagua. Sobre este punto, los peticionantes subrayon que el Estado no ha dado muestras de avance alguno, y el mandato de la Comisión de la Verdad termina en diciembre,

Luego del diálogo, en definitiva el Estado precisó que jamás se van a negar a concurrir a estas audiencias, pero solicitó actuar con reglas de transparencia, se precisó que en el Perú se vive una democracia representativa y que hay respeto por todos los órganos constitucionales.

Asimismo, descargó que los hechos de Bagua obedecieron a una campaña malévola de difamación, en donde intervinieron algunas ONGs de DDHH y Congresistas opositores al gobierno.

Que el Estado peruano, viene presentando demandas contra las Instituciones ya sea del Perú y en el extranjero que desprestigiaron la imagen de la Nación en todo el mundo, colgando información en las páginas Web y además vienen solicitando la reparación civil por el daño ocasionado.  Acotó además sobre la mesa de diálogo que esperan en este espacio formular las alternativas de solución.

De otro lado, los peticionantes agregaron que en el Perú hay una constante situación de discriminación, se viene incentivando medidas para hacer ingresar a las empresas transnacionales, territorios de las comunidades nativas pasando por alto el derecho a la consulta previa.  Así mismo, solicitó al Estado Peruano que cumpla con adoptar las medidas para resolver los conflictos sociales que aquejan a las comunidades.

Con relación al segundo tema abordado, los peticionantes sostuvieron:

  • Hay un incumplimiento sistemático por parte del Estado cuya actitud es causa de los conflictos sociales.
  • Escasa normatividad interna  que desnaturaliza el Derecho a la Consulta. El derecho a la consulta es un derecho específico distinto al de participación. Los procedimientos participativos, o de dialogo e informativos no es derecho a la consulta.
  • No existe una voluntad estatal para aprobar una legislación interna acorde con los estándares internacionales en materia del derecho a la consulta a las comunidades nativas y pueblos indígenas.
  • En el país existe una dispersa normatividad que regula el tema de participación y proceso de dialogo y se han configurado como si esto fuese derecho a la consulta.
  • Se ha desarrollado una serie de reglamentos que han sido denominados “Consultas a los Pueblos Indígenas” pero en la práctica no ha sido así.
  • El Estado no puede probar que tiene una legislación  que desarrolle el derecho a la consulta sobre todo con anterioridad a la disposición de los territorios de las comunidades nativas y pueblo indígenas
  • La normativa interna  es inadecuada, insufienciente  y por ello se han originado conflictos sociales.
  • Se señalo que un aproximado del 40% de los conflictos sociales se debe  al incumplimiento del derecho a la consulta lo que demuestra la ingobernabilidad en el país. Bagua fue un caso de ingobernabilidad.
  • Existe jurisprudencia del TC sobre el derecho a la consulta.
  • Algunas recomendaciones formuladas a la CIDH y al Estado Peruano:
  • El Estado debe tener en cuenta sus  obligaciones internacionales y en los compromisos asumidos con ocasión de esta audiencia temática
    Que el Estado asegure la participación de las comunidades indígenas en el debate del proyecto de ley sobre el derecho a la consulta  antes de ser aprobado por el congreso.
  • Que el proyecto de ley sobre el derecho a la consulta sea remitido a la comisión  interamericana de  DDHH a efectos de que se estudie la compatibilidad de su contenido con los estándares internacionales en materia del derecho a la consulta antes de la aprobación por el Congreso.
  • Que el  Estado puede proponer un mecanismo de participación de carácter permanente y no comisiones ad hoc como se viene haciendo  a la fecha.
  • Medidas de reparación a las comunidades nativas y pueblos indígenas  en casos de haber realizado proyectos sin consentimiento de ellos.
  • Acuerdo de una agenda respecto a la titulación de las tierras y asegurar que el Ministerio de Energía y Minas  consulte la titulación de los predios antes de otorgar licencia para ejecutar proyectos.
  • Que se centralice el registro de propiedad en el Perú.
  • Cese de inmediato el otorgamiento de concesiones  para la explotación y exploración de los Recursos naturales en territorios de las comunidades sin consulta previa.
  • Por su parte el Estado peruano,  hizo una exposición global, el Ministro Aurelio Pastor subrayo respecto a los decretos legislativos que son instrumentos que utiliza el poder ejecutivo para expedir normas en el marco de la delegación de facultades legislativas concedida por el Congreso. 
  • Que el parlamento con una votación  calificada puede derogar esos decretos legislativos.  En una democracia la mayoría adoptar las decisiones. El  gobierno ha decido a la mesa de dialogo tales decretos. 
  • Que el proyecto  de la interoceánica es el proyecto mas grande que viene ejecutando el gobierno  integrando el sur andino zonas en donde se concentra el mayor índice de exclusión  y protesta y ha sido aceptado por los alcaldes y gobiernos regional del sur. (…)

Reflexionando luego de escuchar el audio de ésta audiencia temática, podemos apreciar, en primer lugar, que la representación del Estado peruano debió ser un poco más celoso con la compatibilidad de las normas internacionales pero sobre todo tener en cuenta la naturaleza y función de los órganos supranacionales, pues luego de reclamar a la funcionaria de la CIDH respecto que el tema Bagua no fue precisado formalmente para tratarlo en dicha audiencia,  era de suponerse que el tema Bagua no podía pasar por alto, más aún cuando el tema convocado a desarrollar era “Los derechos humanos de la Amazonía Peruana”, no se puede concurrir a una audiencia de éste nivel desconociendo la naturaleza y función de los órganos supranacionales, cuya labor no es propiamente la de un Ministro de Estado sino de todo el cuerpo diplomático y/o funcionarios  adscritos ante éstos órganos, y quienes  tienen el deber de enterar al Ministro o a  cualquier otra autoridad que representa al Estado a efectos  de que su participación sea de mayor contundencia.

Ante el reclamo formulado por representante del Estado, la funcionaria de la CIDH dejó claramente establecido el  artículo 41º de la Convención Americana de Derechos Humanos para precisar por qué el tema Bagua era un punto que se debatiría, aunque no habría sido explícitamente detallado en la comunicación formal al Estado; este tipo de situaciones debieron evitarse porque la imagen del Perú también está en juego desde ésta perspectiva. Esta reflexión es dada con todo desprendimiento de alguna situación personal siendo básicamente académica la posición.

Por otra parte tiene mucha lógica lo que ha sostenido el Ministro del Estado, al decir, que se demandará a Instituciones que propiciaron la campaña de desinformación a nivel internacional con relación a los hechos de Bagua, punto que abordaremos más adelante.

De otro lado, también lógica la demanda hecha al Estado en dicha audiencia de adoptar con mayor celeridad las medidas que resuelvan los conflictos sociales.  Estoy segura que en la forma o de la forma cómo el Estado afronte la situación Bagua y otros, será un precedente negativo o positivo para nuestra sociedad, ello va a depende de la eficacia con que actúe el Estado a través de sus poderes y órganos para evitar posteriores situaciones de violencia en el país. 

Una última reflexión el Estado tiene mucho por hacer, que ésta situación de Bagua, conduzca a una mayor presencia estatal, dedicación y sobre todo aprender a trabajar con las comunidades nativas y pueblos indígenas del país.

Sobre la Imagen Internacional y la naturaleza de los órganos supranacionales de protección de los derechos humanos.-

Desde el punto de vista de las obligaciones de los Estados frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está el de “cooperar con las instancias intencionales” ello  implica proporcionar información oportuna, pertinente y veraz respecto de la situación general de los derechos humanos en el Estado o respeto de un hecho particular del que el órgano internacional esté conociendo. 

Significa brindar las informaciones que se estimen pertinentes cuando un Organismo Internacional a través de sus mecanismos de protección esté conociendo un caso de violación de derechos humanos.

Esta práctica diplomática responde al principio de cooperación de los Estados para con la comunidad internacional.

 A continuación un extracto de la visita del Relator de las Naciones Unidas en asuntos indígenas al Gobierno de Perú:

En lo que respecta a la visita  del Sr. James Anaya en definitiva, el gobierno  peruano sabía de forma anticipada, la llegada del relator de las Naciones Unidas a nuestro país. 

Con la llegada del relator, sin duda el gobierno aceleró un acta de entendimiento con los pueblos indígenas, la propuesta de derogatoria de los decretos legislativos, el mensaje a la Nación, la respuesta del parlamento para derogar los decretos cuando apenas días atrás se mantuvo  en la posición tajante e  inflexible  de no hacerlo. ¿Qué paso entonces?

Indudablemente, la presencia de la comunidad internacional en el Perú, cambia radicalmente la postura del  gobierno nacional, en el sentido de dar un paso hacia atrás y proponer la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 994, de otro modo, hubiese sido muy difícil de reestablecer la Paz en la Nación, toda vez, que el clima político en el Perú estaba muy convulsionado.

Acciones adoptadas por el gobierno a consecuencia de la presencia del relator.-

Atendiendo a los hechos ocurridos el 05 de junio 2009, la Coordinadora  Nacional de Derechos Humanos, Organizaciones Internacionales,  y el Grupo Parlamentario Nacionalista cursaron comunicaciones de urgencia al Relator de las Naciones Unidas James Anaya, para solicitar su visita al Perú y verificar In Situ los hechos ocurridos en  Bagua.

El Grupo Parlamentario Nacionalista, mediante Oficio Nº 089-2008-2008-GPN-FOP/CR, de fecha 05 de junio 2009, se envió una comunicación escrita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informando sobre la situación en Bagua y el pronunciamiento inmediato.

Con fecha 17 de junio 2009, el  Relator sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas, Prof. James Anaya visitó el Congreso de la República, específicamente a la Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar y recomendar lineamientos y políticas para solucionar la problemática de los Pueblos Indígenas Amazónicos y Comunidades Campesinas de la Sierra.

Luego fue recibido por miembros de la Comisión de  Constitución y Reglamento del Congreso de la República en la Sala de Embajadores, acudieron a la cita, los Señores Congresistas: José Vargas  Fernández, Jorge del Castillo, Mauricio  Mulder Bedoya, Marisol Espinoza Cruz, Jhonny Lescano, Víctor Mayorga, Raúl Castro. Acto protocolar de saludo, en el que los señores congresistas presentes, dieron sus puntos de vistas al relator de las Naciones Unidas, algunos con pruebas documentadas.  En dicho acto, se observó también algunas fricciones entre congresistas, que denotaron poco nivel de educación frente a una visita internacional. 

El mismo día de la visita del Relator de las Naciones Unidas al Perú y en su  visita protocolar al Congreso de la República, el gobierno peruano realizó dos hechos concretos e importantes:

Con Oficio Nº 152-2009-PR,  el Presidente Alan García Pérez y Yehude Simon Munaro,  presentaron al Congreso de la República el proyecto  de Ley que propone derogar los decretos legislativos 1090 y 994 a horas 1.45 PM  recepcionado por  el Área de Trámite  Documentario del Congreso de la República asignado con Número 3340/2008-PE

l Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas concluyó visita al Perú 19 de junio de 2009 Lima, Perú – En los últimos días se han seguido dando pasos decisivos encaminados a la solución a los problemas de fondo que aquejan a los pueblos indígenas del Perú por el camino del diálogo, como la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, persisten desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración de las circunstancias que llevaron a la tragedia en Bagua el 5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de solución pacífica a los problemas subyacentes, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya, a concluir su visita al Perú.

El Relator Especial realizó una visita de 3 días al Perú del 17 al 19 de junio de 2009 a fin de observar, comprender y analizar la situación que se produjo en Bagua, Departamento de Amazonas, el 5 de junio y los días inmediatamente posteriores, así como los hechos que generaron esta situación.

Hago llegar mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas así como mi solidaridad con las personas que resultaron heridas en estos lamentables sucesos y reitero el llamado que realicé en mi comunicado del 10 de junio de 2009 para que se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas así como que cualquier demostración o manifestación se efectúe de forma pacífica respetando los derechos humanos de todos, dijo el Relator Especial.

Durante la visita el Relator Especial realizó reuniones con los miembros del Congreso, diversos Ministros, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y con representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, inclusive en la región de Bagua. El Relator Especial agradece la invitación y el apoyo del Gobierno del Perú así como todas las facilidades que recibió de su parte para la realización de la visita, y considera que demuestra un gesto de buena voluntad y apertura del Gobierno peruano.

El Relator Especial toma nota de las investigaciones llevadas a cabo y actualmente en curso por el Ministerio Público y las averiguaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo, así como la iniciativa para establecer una comisión de investigación del Congreso de la República, para aclarar los hechos del 5 de junio. Sin embargo, durante las reuniones que ha llevado a cabo durante la visita, el Relator Especial ha recibido versiones divergentes y hasta antagónicas en cuanto a los sucesos en Bagua y de las circunstancias en que éstos se produjeron.

El Relator Especial consideró que es necesario realizar un esclarecimiento e investigación completa y objetiva sobre estos hechos, para que todas las partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido. A este fin, el Relator Especial recomienda que se establezca una comisión especial e independiente, conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con representación indígena. Asimismo, recomienda que se de consideración a la participación de actores de la comunidad internacional en el trabajo de esta comisión especial. El esclarecimiento de los hechos es esencial para la creación de un clima de confianza que permita avanzar en la búsqueda de soluciones con la participación de todas las partes, enfatizó el Relator Especial.

Esta comisión especial propuesta es sin perjuicio de las investigaciones que deben desarrollar las instituciones de la administración de justicia para determinar de manera objetiva, exhaustiva e imparcial, las responsabilidades civiles, administrativas y penales que corresponden. El Relator Especial considera que la realización de la justicia es un elemento fundamental para restaurar un ambiente propicio para la solución de los problemas de fondo que aquejan los pueblos indígenas de la Amazonía.

El Relator Especial exhortó a las diferentes instancias que administran justicia a que realicen su trabajo conforme a los estándares internacionales aplicables a la administración de justicia en un Estado de Derecho, especialmente las garantías de independencia, prontitud e imparcialidad. Es importante, en este sentido, que todas las partes tengan claridad sobre los cargos imputados, los lugares donde las personas están detenidas, y la jurisdicción donde se realizarán los procesos; y que los acusados gocen efectivamente de todas las garantías de debido proceso, especialmente la garantía de una defensa legal adecuada y efectiva, así como que se aseguren condiciones adecuadas de detención.

Además, el Relator Especial recomiendó que se profundice el proceso de diálogo iniciado. Entre los aspectos sustantivos del diálogo debería incluirse el relativo a los otros decretos legislativos que han preocupado a los pueblos indígenas y son susceptibles de afectarles, así como los otros temas de fondo que dichos pueblos han planteado en las diferentes instancias de diálogo hasta ahora.

En el proceso de diálogo deberían estar representados todos los actores relevantes, y los pueblos indígenas a través de sus representantes libremente elegidos por ellos mismos.

La transparencia del diálogo es esencial para que sea fructífero. En este sentido, debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutable los acuerdos a que se lleguen y para resolver las cuestiones que se susciten durante el proceso.

Como una medida de creación de confianza para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda revisar las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas cuya participación en el dialogo es indispensable.

Asimismo, tanto el proceso como los acuerdos a que se lleguen deben estar inspirados y ser compatibles con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, inclusive aquellos sentados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, el cual ha sido ratificado por el Perú. El Especial Relator recomienda, en este sentido, que se recurra a la asesoría técnica de la OIT y de otros organismos internacionales.

El Relator Especial tomó nota que el Perú tiene ahora una oportunidad para establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos internacionales en la aplicación interna de los criterios y principios establecidos en los instrumentos internacionales aplicables, en particular, en lo que se refiere a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, de cualquier medida que dichos pueblos consideren pueda afectar sus derechos.

El Relator Especial destaca la importancia que el proceso de solución de esta situación se realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en el Perú.

Finalmente, el Relator Especial reitera su disponibilidad e interés de realizar una visita posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo observado y también de examinar la situación general de la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas del país, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Ello nos permite reflexionar,  que toda solución  a las controversias se logra mediante el diálogo estructurado y con disposición  y voluntad política de enrumbar los destinos de la Nación hacia el cauce de la justicia social que todos anhelamos como peruanos. 

Cuan importante es mantener una imagen sólida a nivel internacional, un país que no respeta los derechos humanos, no es pasible de crédito y apoyo internacional que son indispensables para todo país en desarrollo, más aún cuando, hay necesidad  y apremio de satisfacer derechos sociales y combatir la pobreza  extrema. 

Toda sanción moral que provenga de la comunidad internacional afecta  la dignidad de la  Nación y restringen la posibilidad de un eficaz desarrollo como país. Esta imagen también se  ha de salvaguardar con la emisión de informaciones inexactas a la comunidad internacional; es sabido que algunas ONGs informan de forma tergiversada los hechos, desnaturalizadamente, pero no menos cierto es que  también los gobiernos emiten informaciones pretendiendo ocultarlo todo.

Es saludable y oportuna la decisión del Estado peruano de  iniciar demandas a los que resulten responsables por la imagen desprestigiada del país a la que conllevó la situación de Bagua. Ello va a sentar un feliz precedente de que ninguna organización y/o Institución o lo que fuese, tenga derecho alguno de lastimar la dignidad de todos los peruanos.

Sobre este punto, quisiera rescatar lo que afirmó también el Ministro de Justicia del Perú en la audiencia temática del 03 de noviembre  2009, ante la CIDH “Nosotros no nos van a negar a concurrir, vendremos todas la veces que sean necesario, pero con reglas de transparencia”

Esta acotación que hace el señor Ministro, ha de ser válida para todos los actores, los peticionantes, las instancias internacionales pero principalmente el Estado, porque tiene el dominio de información, toda vez, que se  quiere evitar  que utilicen todo el aparato estatal para violar derechos humanos de los peruanos.

En el caso del Perú, el relator  no se refirió a  actos de genocidio, pero sí fue enfático al señalar “…que el Perú tiene ahora una oportunidad para establecer una buena práctica de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos internacionales en la aplicación interna de los criterios y principios establecidos en los instrumentos internacionales aplicables, en particular, en lo que se refiere a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, de cualquier medida que dichos pueblos consideren pueda afectar sus derechos”.

Con esto el relator, le está diciendo al Estado Peruano, que no se  olvide que como Estado es parte de tratados internacionales de derechos humanos y que asumió de  buena fe los compromisos internacionales para respetar los derechos humanos de todos los peruanos, compromiso que no se puede quebrantar por la falta de voluntad política de los  gobiernos cuando están llamados a cumplirlas y exigidas por el Derecho Internacional  de los Derechos Humanos.

El Relator Especial destaca la importancia que el proceso de solución de esta situación se realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en el Perú.

Sobre  el accionar del Parlamento Peruano con relación  al tema Bagua.

Esta situación motiva un acto de reflexión en el  Parlamento, toda vez, que tuvo  varias oportunidades para derogar los decretos legislativos y no lo hizo.  El error que conlleva una responsabilidad política es no resolver la situación en la oportunidad debida. Finalmente, toda ésta situación conllevó a una Moción de Censura contra el premier y la Ministra del Interior. 

El Parlamento técnicamente censuró al gabinete actual, es lamentable que algunos congresistas se hayan abstenido de votar en la moción de censura, cuando debieron emitir su voto a favor o en contra.

No se estaba debatiendo un proyecto de ley, sino ejerciendo un mecanismo de control parlamentario por la evidencia de una responsabilidad política que ameritó  la censura, por no haber planteado soluciones concretas en la oportunidad debida, ello es desprovista de toda condición personal, aquí estaba en juego los planteamientos de parte del gobierno para solucionar el tema Bagua evitando finalmente  la violencia del que hemos sido testigos y que lamentaremos de por vida.

El Parlamento es un órgano soberano constituido mediante elecciones periódicas, libres e imparciales para velar  por el gobierno de un pueblo. Como órgano soberano está facultado para legislar y mantener las políticas y las medidas del poder ejecutivo bajo un escrutinio constante. ¿Por qué se dice que el Parlamento es el primer poder del Estado?  Porque el  parlamento   no  sólo  proporciona  un marco constitucional a nuestros derechos fundamentales sino que establecen además el marco jurídico que garantiza la independencia y autonomía de los poderes y   órganos constitucionales del Estado; por consiguiente, es el imperio de la Ley, pilar básico de  un Estado de Derecho, de la democracia y  la protección de los derechos humanos, de ahí que el parlamento es el primer poder del Estado.

La Constitución de 1993 en su artículo 90º señala: “(…) para ser elegido Congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años de edad y gozar del derecho de sufragio…”  Nuestra constitución no dice nada más al respecto,  por consiguiente, cualquier persona con éstos mínimos requisitos podría postular no sólo al Congreso sino también a la Presidencia de la República, porque en el artículo  110º de la CPP, señala que: “(…) para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento,  tener mas de 35 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.”

Con esta redacción constitucional cualquier ciudadano puede ser legislador e incluso presidente de la República. Cabe hacernos la siguiente pregunta ¿La exigencia de calidad en la representación nacional nos puede llevar a perpetrar un acto de discriminación, prejuicio social, rechazo al orígen, raza y cultura de las personas?

Algunos indicadores para la exigencia de una mejor calidad  en  la representación nacional:

Que, el parlamento exprese una diversidad cultural, porque los indígenas no son extraterrestres, son seres humanos como nosotros y peruanos con una identidad cultural a la que se debe todo el respeto. Un parlamento Multicultural exige la aplicación de la tolerancia, porque la diversidad de opiniones y enfoques que no siempre suelen ser la de un  jurista, políticos con trayectoria, con dominio de oratoria.  Nos hemos mal acostumbrado a escuchar a los que supuestamente más saben  y dejar de lado a los nuevos políticos que comienzan su carrera  prácticamente sentenciados.  Es indudable que ha habido serias decepciones de políticos antiguos y nuevos o relativamente nuevos,  es sabido además, que no articulan bien sus palabras, se enredan y finalmente no saben cómo proyectar su intervención y otros se duermen en las sesiones plenarias o de las comisiones de trabajo e incluso algunos  ni siquiera intervienen, no se les conoce, renuncian a sus cargos   y otros dicen que no el parlamento no les inspira ¿Para qué postularon entonces? Son éstos los casos que nos puedan motivar  una seria reflexión para que en otra oportunidad podamos escoger con mayor responsabilidad y sobre todo que los propios partidos políticos asuman la mea culpa de sus propios errores que en lugar de fortalecer la democracia   vienen deteriorándola.   No  quisiéramos  volver a la década de los 90, cuando el debilitamiento de nuestros partidos políticos  no pudo  hacer frente a una dictadura impuesta clausurando el congreso y demás Instituciones democráticas.

Por calidad de legisladores, se  ha de entender, a personas que no importando  de dónde sea su procedencia, tenga una acreditada solvencia moral,  una demostrada vocación por la democracia y el respeto a los derechos humanos así como también el ejercicio de una profesión y trayectoria política o participe activamente en un partido político, sea coherente con la ideología de su partido sin  que ello signifique ser inflexibles a nuevos cambios de tiempos modernos y mundo globalizado pero que no hagan perder su esencia  ideológica.

Hay que partir de una premisa que al Parlamento, quienes resulten legisladores, no van a ir a aprender o a improvisar discusiones  y/o decisiones políticas sobre  realidad nacional, sino a fortalecer el órgano legislativo. De ningún modo,  ésta exigencia, contraviene con el derecho que tiene toda persona a elegir y ser elegidos. Es responsabilidad nuestra, conocer a nuestros futuros legisladores, qué trayectoria política, que virtudes tuvo dentro de su vida pasada  tienen, si en verdad, queremos que nuestro Parlamento sea eficiente y respetable,  el orden de las cosas ha de cambiar, es decir, voy al Parlamento no para aprender sino para contribuir y fortalecer su investidura.

El Parlamento no es una escuela de aprendizaje, no está formando políticos porque para eso están los partidos políticos. El Parlamento necesita de políticos debidamente formados, no importa la profesión que uno tenga, recordemos que el parlamento es el  foro político por excelencia y  se  llega con la convicción de que vamos a trabajar por el Perú y no en  función de intereses   de elites o  de carácter personal o lo peor de todo  postular al parlamento con el miramiento de que es un “gran negocio lucrativo porque se  gana mucho  y  se  hace poco”. 

Esto es  una de las impresiones de la ciudadanía  en general, lo que ha motivado que  los Altos funcionarios públicos tengan una escala de sueldos y trabajen con austeridad. Sin embargo, mal haríamos en comprender a todos los legisladores  en esta  última aseveración, siempre hay honrosas excepciones.

El parlamento además necesita de personas que conozcan nuestra realidad nacional desde lo más profundo del Perú. 

Nuestro  Parlamento requiere de líderes políticos que permita el enriquecimiento de los debates y una mejor  elaboración de proyectos de leyes que reflejen  el interés nacional así como también,   una eficiente labor de fiscalización.

 Nosotros  como país hemos tenido  legisladores  sin trayectoria política, que haciendo uso de popularidad en otros medios  han llegado a ser parlamentarios, completamente improvisados que se inscriben en  partidos políticos  o son invitados pero sin trayectoria sólo porque tienen popularidad que resulta ser en la práctica un plus adicional a otros  ingredientes  para ser legisladores.

Debemos afianzar nuestra cultura democrática y aprender a  vivir en democracia, recordemos lo que dijo la Unión Interparlamentaria Declaración Universal sobre la Democracia, El Cairo, septiembre de 199, párrafo 3 “ Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos  fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. Como forma de gobierno, la democracia es el mejor modo de conseguir esos objetivos; es también el único sistema político capaz de corregirse así mismo”

EL CICR EN BAGUA.-

A continuación comunicado completo de fecha 11 de junio 2009:

A raíz de enfrentamientos entre efectivos policiales y alrededor de 2.000 indígenas que bloqueaban desde abril la carretera peruana de Bagua Grande, el 5 de junio se registraron en Bagua, departamento de Amazonas, decenas de muertos, centenas de heridos, detenidos y un número indeterminado de personas que han perdido el contacto con sus familiares.

Ante las graves consecuencias humanitarias generadas a partir de estos acontecimientos, la delegación del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú, en su papel de intermediario neutral e independiente, despliega, junto con la Cruz Roja Peruana (CRP), las siguientes acciones en favor de las personas afectadas:

El CICR se encuentra visitando a las personas detenidas en la ciudad de Bagua Grande, departamento Amazonas, y a las que fueron trasladadas a la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con el objeto de verificar las condiciones de su detención y de ser el caso, formular -en forma bilateral y confidencial- las recomendaciones necesarias a las autoridades pertinentes.

El CICR, preocupado por las personas que habrían perdido contacto con sus familiares, está elaborando, a partir de las informaciones proporcionadas por algunos familiares, una base de datos de personas sobre las cuáles no se tienen noticias por el momento, con el objetivo de intentar restablecer esos contactos.

Un equipo del CICR, acompañado por personal de la CRP, ha evaluado las necesidades médicas. Ante el colapso de algunos centros de atención, entregó suministros médicos de urgencia a los hospitales de Bagua Grande y Bagua Chica, así como a la clínica de la Policía Nacional del Perú en la zona.

El CICR se mantiene atento ante las necesidades humanitarias que pudieran presentarse en los próximos días y permanecerá en el terreno realizando las gestiones necesarias para contribuir, en la medida de sus posibilidades, con la ayuda humanitaria que pudiera ser requerida. Esto se realiza de manera complementaria a la labor de las instituciones estatales.

El Comité Internacional de la Cruz,  viene desplegando todos los esfuerzos para difundir la aplicación del DIH,  recordar que  por mandato de la ley 27771, determina la enseñanza  obligatoria del DIH en todos los Institutos educativos civiles y militares, por consiguiente, las universidades peruanas tiene la obligación de adecuar en sus respectivas mayas curriculares,  la enseñanza obligatoria y no electiva del DIH.

La comunidad académica, debe asumir este deber de difundirlo en las docencias, en sus investigaciones, artículos, eventos, cursos de especialización, maestrías, doctorados, entre otros. 

Es parte de nuestro deber como sociedad fomentar la difusión en tiempos de paz  la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Es sabido que para el caso de Bagua la norma aplicable es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y no el DIH.

Es importante, que funcionarios del Estado,  interactúen con el DIH, toda vez, que estos conflictos de carácter social, mañana más tarde pueden adquirir la connotación de conflicto armado no internacional cuya competencia está bajo el DIH. No esperemos a que ello ocurra, las medidas preventivas son las que deben primar hoy día y la disposición de solucionar dichos conflictos mediante medios pacíficos.

CONCLUSION.-

La situación de violencia en Bagua ha demostrado que estando en un gobierno democrático, no  hemos aprendido a la fecha a vivir en democracia. Debemos esforzarnos por  tener una cultura democrática en nosotros mismos, de lo contrario, seguiremos siendo presa fácil en el curso de nuestra historia constitucional de gobiernos dictatoriales y de ideológicas recalcitrantes,  “la dictadura es el perfecto ladrón de la paz” y exacerbar la mente de los demás e incitarla a la violencia es un verdadero crimen contra la paz y los derechos humanos, quien  hace esto no tiene condición para liderar ni mucho menos gobernar una nación, es la desinteligencia humana por excelencia”.  

La igualdad es un derecho básico para la realización del ser humano; es a su vez el que funda la universalidad de los derechos humanos. Recordemos lo que  dijo Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, discurso presentado en la Universidad de Teherán en el día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1992. “Los derechos humanos no son ajenos a ninguna cultura y son naturales de todas las naciones; son universales”.

La Tolerancia,  es un valor poco practicado, de ahí la discriminación entre los humanos. A través de la tolerancia ponemos en práctica todos los demás valores, si no sabemos tolerar no hemos aprendido a escuchar, y si no sabemos escuchar no hemos aprendido a respetar y por ende lastimamos  la dignidad humana. La tolerancia no distingue raza, género, opinión, ideología. Es aceptar y comprender a tu prójimo como tal.

La democracia sólo es posible con la igualdad, justicia, dignidad y libertad en un mundo tolerante y armonioso. Las políticas de los Estados solo serán eficaces con la praxis de las normas jurídicas manteniendo  la identidad étnica y cultural en el mundo actual.

Nuestras comunidades indígenas y nativas son parte de nuestra sociedad y del sistema democrático, resistirse a aceptarlo es no tener vocación democrática y denigrar su condición y por ende su dignidad que es también la nuestra. No son  ni deben seguir siendo un mundo aislado, el Estado debe esforzarse a perfeccionar un proceso de integración entre todos los peruanos y nosotros como sociedad debemos asumir el compromiso democrático y firme de trabajar por ellos e integrarnos y respetar sus derechos fundamentales de la misma manera como nosotros exigimos que se nos respete.

No hay una política de reconciliación nacional, después de los ocurrido con la violencia terrorista no se ha trabajado de manera contundente a reconciliar a los peruanos en especial a las comunidades que son las que más sufrieron en ese conflicto armado interno.

Lo que ha sucedido en  Bagua es debido a la ausencia de una política de reconciliación e integración  nacional. La reconciliación nacional no pasa por ideologías, si eres de derecha o de izquierda o centro, pasa  por el hecho de que todos los peruanos tengamos la decisión de vivir en paz y en armonía con nuestros gobernantes y hermanos.

El  Estado y la sociedad debemos de deponer todo interés personalísimo y comenzar a construir un futuro de integración, ser  una nación sólida con valores, con autoridad moral, sólo así  vamos a vencer toda injerencia o intromisión de  gobiernos o personas que tengan interés en destruirnos como país. “Una nación sólida jamás será vencida  ni siquiera con las peores ideologías recalcitrantes, porque habremos levantado como peruanos la bandera de la paz y de la reconciliación”.

Apuntemos a ser un Estado amante de la Paz y de los derechos humanos de todos, sin excepción; que nuestra preocupación como Estado y sociedad sea por todos los peruanos, incluyendo a los militares, policías, indígenas. En Bagua se han cometido asesinatos a policías y de la peor forma,  y a indígenas, hechos que no pueden quedar impunes. Exigimos una respuesta pronta y sobre todo conocer la verdad. Si no hay verdad no puede haber reconciliación ni mucho menos perdón. 

Los parlamentos y los parlamentarios pueden contribuir de manera considerable a los esfuerzos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos. En este mundo globalizado las decisiones adoptadas a  nivel internacional tienen repercusiones cada vez mayores en las políticas nacionales y limitan el alcance de la adopción de decisiones nacionales. 

El parlamento tiene la gran responsabilidad de elaborar sus leyes basados en consensos  y realidades atendibles, legislar por el interés nacional, legislar bien, lo cual, significa que se conozca e interprete adecuadamente lo que se va a legislar para que no sean susceptibles de  una acción de inconstitucionalidad, lo cual, deja un mal precedente. Cuando una ley es declarada inconstitucional quiere decir, que los legisladores no saber legislar, porque la ley que aprobaron va en contra de la Constitución, no se puede tener un parlamento que no se conozca así mismo. Sobre ello,  la sociedad peruana deber ser más prudente para elegir  a quienes nos representen.

El término “democracia”  también se utiliza ampliamente no sólo para designar una forma de organización política,  sino una forma de convivencia  y organización social menos vertical y más horizontal, con relaciones igualitarias entre sus miembros.  (…) Existen muchas variantes del concepto de democracia, algunas  de ellas llevadas a la realidad y otras  sólo hipotéticas. En la actualidad  los mecanismos de democracia más extendidos son los de la democracia representativa de hecho se trata del sistema de gobierno más utilizado en el mundo. 

Particularmente me llena de un profundo pesar que tengamos que esperar a que un relator  venga a nuestro país a tratar de conciliar las posturas de ambas partes. Ello merece que reflexionemos, porque no damos una buena imagen como Estado al no  solucionar nuestros propios conflictos sociales o de cualquier otra índole, por el contrario,  es dar a demostrar que no se tiene capacidad de gobierno. Esta situación debe evitarse, procuremos consolidarnos como Estado fuerte que no es lo mismo a un Estado dictador o antidemocrático. Un Estado fuerte es capaz de gobernar, solucionar, representar, reconciliar y  trabajar de la mano con la sociedad y la comunidad internacional, pero sobre todo un Estado capaz de integrar a los peruanos. 

La  democracia también es vista como una forma de vida, porque implica que las personas y los gobernantes adoptemos actitudes y modos de conducta o comportamientos que tienen como base valores sobre la dignidad de la persona humana, tales como la tolerancia, disposición de escuchar al otro, espíritu reflexivo y juicio personal, sentido de diálogo, admitir la opinión del otro, reconocer los derechos de los demás y a no atropellarlos, desarrollo de una libertad responsable con decisión propia y autodisciplina. Si no aprendemos a comportarnos de esta manera, entonces el sueño de un país totalmente democrático solo será eso: un sueño.

Recordemos las palabras del jurista Alfredo Quispe Correa “(…) Hay que estar alertas. La lucha por el derecho no es un acto súbito ni espontáneo. Hay que abrir los ojos. Salir al frente cuando se intenta desvirtuar los contenidos democráticos. (..) “

 FUENTE 

 

 

 

 

 

 

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