Expertos de la ONU y la CIDH manifiestan preocupación por la denuncia penal en contra del periodista Glenn Greenwald

06 de febrero de 2020

Washington D.C., Ginebra. – Expertos en derechos humanos* han manifestado su grave preocupación frente a la denuncia presentada por la fiscalía de Brasil contra Glenn Greenwald, editor fundador y periodista del periódico The Intercept-Brasil, por una presunta colaboración con el hackeo de dispositivos de jueces y fiscales.

“Las amenazas legales de este tipo ponen en peligro toda posibilidad de reportaje en Brasil. Los periodistas que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas de autoridades públicas no deben ser blanco de acoso judicial o cualquier otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”, dijo David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

“Este tipo de imputaciones puede tener además un efecto inhibitorio generalizado en las investigaciones de la prensa. Frente a cualquier medida que pueda afectar el ejercicio de la libertad de expresión, los Estados deben garantizar que las restricciones estén previstas por la ley, que sirvan a uno de los intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y que sean necesarias y proporcionadas para proteger ese interés,” dijo Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

The Intercept ha publicado diversos artículos que dan cuenta de conversaciones entre los fiscales y jueces relacionadas con la denominada “Operación Lava Jato” que evidenciarían irregularidades y presuntas faltas al debido proceso de algunos imputados. Estas conversaciones habrían sido filtradas al señor Greenwald por una fuente confidencial.

La Policía Federal habría identificado a un grupo de personas que estaría relacionado con la interferencia de las comunicaciones de estos funcionarios, pero descartó cualquier participación de Greenwald. No obstante, el 21 de enero el fiscal Wellington Divino Marques de Oliveira presentó una denuncia contra Greenwald por asociación criminal y alegó que “ayudó, incentivó y orientó” al grupo de hackers durante las intervenciones de los celulares.

Los Relatores Especiales recuerdan que en julio de 2019, el presidente de la República, Jair Bolsonaro, tras la publicación de los ya mencionados artículos, había afirmado que Greenwald podía terminar siendo encarcelado y había sugerido que el periodista contrajo matrimonio con un ciudadano brasileño para evitar la deportación. A raíz de amenazas de muerte contra Greenwald, los Relatores emitieron una declaración en ese momento en la que señalaban la gravedad de los ataques e instaban al gobierno a adoptar medidas para “prevenir, proteger, investigar y castigar la violencia” contra él, su familia y otros periodistas.

Asimismo, el Relator Especial de las Naciones Unidas envió una comunicación al gobierno de Brasil en julio de 2019 en relación con la campaña de acoso en línea y las amenazas a la vida de Greenwald y su pareja, así como del Editor Ejecutivo de The Intercept-Brasil.

El experto solicitó información sobre las medidas adoptadas para investigar esas denuncias y garantizar la seguridad de las personas mencionadas. Si bien el gobierno de Brasil respondió que la Policía Federal había iniciado una investigación y describió los programas de protección disponibles en el país, no precisó ninguna medida específica adoptada en relación a este caso.

Los Relatores Especiales insisten en que las investigaciones penales no deben utilizarse como una amenaza al trabajo periodístico.

Las autoridades deben abstenerse de iniciar procesos a periodistas en base a imputaciones genéricas o desproporcionadas que penalicen la circulación de información de interés público, protegidas por el derecho a la libertad de expresión, dijeron.

Ambos expertos llaman la atención respecto a la conexión que estos procesos pueden tener con el derecho a la protección de las fuentes periodísticas, dado su valor inestimable para que la sociedad acceda a información de interés público. Sin esta protección, información de alto interés difícilmente tomaría estado público.

Los Relatores Especiales están en contacto con las autoridades de Brasil, que proporcionaron información adicional sobre una investigación oficial en curso respecto de las amenazas denunciadas por Greenwald y su pareja.

*Los expertos:
David Kaye, como Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, es parte en los denominados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre genérico dado a los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes de derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones concretas en países o cuestiones temáticas en todo el mundo. No forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título individual y no perciben un salario por su trabajo.

Edison Lanza es el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la CIDH para fomentar la defensa hemisférica del derecho de libertad de pensamiento y de expresión, en virtud del papel fundamental que tiene este derecho para la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente / PRENSA CIDH

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