CORTE IDH. Ordena al Estado peruano archivar Acusación Constitucional contra los 4 Magistrados del TC

02 de julio de 2018

Como bien se sabe, la Corte IDH adoptó una medida provisional en febrero de este año en favor del archivamiento de la acusación constitucional en contra de 4 magistrados del TC.

La Corte ha ratificado su fallo y DECLARÓ INADMISIBLE, las solicitudes del Estado peruano en relación  al  escrito de abril de 2018, mediante el cual  solicitó a la Corte que reconsidere los “fundamentos y los Puntos Resolutivos de la Resolución de Medidas Provisionales [emitida el 8 de febrero de 2018] y, dejándose sin efecto la misma, se disponga […que se deniegue de la solicitud de medidas provisionales […o], en su defecto, se precise el límite temporal de la medida provisional que la Corte IDH considere conveniente otorgar”.

En el Considerando 42 de dicha Resolución ( 8 de febrero de 2018) la Corte requirió al Estado:

archivar el procedimiento de acusación constitucional seguido actualmente en el Congreso de la República contra los Magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, al que se ha hecho referencia en esta Resolución, de manera que ese procedimiento no siga generando presiones indebidas tanto en ese alto tribunal como en los jueces penales para resolver lo pertinente en relación con el referido caso. Esto constituye una condición necesaria para que los familiares de los señores Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, víctimas del caso, sean reparados en su derecho a conocer la verdad en el caso a través del cumplimiento efectivo de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar, ordenada en la Sentencia. Por tanto, la presente medida se ordena en relación con la situación que actualmente enfrentan las víctimas del caso, en tanto si bien existen avances en la obligación de investigar con el inicio del juicio oral del proceso penal actualmente en trámite, han transcurrido más de treinta y un años desde que ocurrieron los hechos sin que, a la fecha, se hayan determinado las responsabilidades correspondientes, lo cual es una afrenta a su acceso a la justicia.

Algunas consideraciones resaltantes del Fallo de la Corte IDH:

4. La disposición establecida en el artículo 63.2 de la Convención confiere un carácter obligatorio a la adopción, por parte del Estado, de las medidas provisionales que le ordena este Tribunal, ya que, de acuerdo a un principio básico del Derecho Internacional, los Estados deben cumplir sus obligaciones de buena fe (pacta sunt servanda)

10. Con base en las consideraciones anteriores, se declara inadmisible la solicitud
de reconsideración presentada por el Perú respecto de la Resolución de medidas provisionales de 8 de febrero de 2018.

11. Con respecto a la solicitud de que la Corte “precise el límite temporal de la medida provisional” (supra Considerando 5), este Tribunal considera que la medida ordenada al Estado es clara en cuanto se le requirió “archivar el procedimiento de acusación constitucional” seguido ante el Congreso de la República contra los referidos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por autos emitidos en los años 2016 y 201713, que tienen incidencia en el proceso penal actualmente en trámite por los hechos sucedidos en el establecimiento penal “El Frontón” en perjuicio de las víctimas Durand y Ugarte, así como en la posibilidad de iniciar nuevos procesos contra otros eventuales responsables. Dicho proceso penal se realiza en cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las violaciones constatadas por la Corte Interamericana en su Sentencia del caso Durand y Ugarte. La Corte consideró que con tal procedimiento de acusación contra los magistrados se generaban una incertidumbre jurídica y presiones indebidas tanto en dicho alto tribunal como en los jueces penales que llevan el proceso penal actualmente en trámite, así como sobre los que puedan dar inicio a investigaciones de personas que no sean parte del mismo
12. Por tanto, una vez que el Estado informe a esta Corte que dicho procedimiento ha sido archivado (supra Considerando 11), la Corte podría evaluar el levantamiento de la referida medida, ya sea por solicitud del Estado o de oficio.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 63.2, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 27 y 31 de su Reglamento

RESUELVE:

1. Declarar inadmisibles las solicitudes presentadas por el Estado del Perú el 12 de abril de 2018, según lo indicado en la parte considerativa de la presente Resolución.

2. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado, a los representantes de las víctimas, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La pregunta: ¿Cómo se aplicará la presente resolución si  la Constitución establece que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo? ¿Cómo lo va a resolver el Congreso? 

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