Bartra recomendó al pleno del Congreso denunciar constitucionalmente a Ollanta Humala, recomendó al MP la acusación contra Nadie Heredia por lavado de activos y entre otros funcionarios públicos

06 de Noviembre de  2018

En su segundo día de exposición del informe final ante el Pleno del Congreso, la presidenta de la Comisión Investigadora “Lava Jato”, Rosa Bartra Barriga (FP), recomendó que se formule una denuncia constitucional contra el expresidente Ollanta Humala Tasso, René Herbert Cornejo Díaz y Milton Martín Von Hesse La Serna, ambos ex ministros de Vivienda por los delitos de colusión agravada, como omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por estar involucrados en una serie de presuntas irregularidades en la instalación de un Centro de Convenciones en Lima.

Recomendó acusar ante el Ministerio Público a la ex primera dama Nadine Heredia por el delito de lavado de activos, colusión e instigadora presuntamente, tras  recibir coimas por un monto de 4.75 millones de soles de parte de la empresa brasileña  OAS.

Fue por la sobrevaloración en la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco en el año 2012. Así lo anunció el martes 6, en su exposición en el Pleno del Congreso, la presidenta de dicho grupo investigador, congresista Rosa Bartra.

Indicó que la ex primera dama habría solicitado el 2.5% del valor del proyecto a la empresa OAS encargada del proyecto y construcción de esa obra,  monto que habría sido utilizado, en parte, para la campaña presidencial de su esposo Ollanta Humala Tasso.

Según el informe, Nadine Heredia, para hacer efectivo dicho cobro,  habría contado con la colaboración de su amiga de confianza Rocío Calderón Vinatea quien habría servido de testaferro. Se recomienda que también sea acusada por lavado de activos, ya que  adquirió a su nombre  inmuebles en el distrito de Surco  y otros bienes.

Asimismo, exhortó al Ministerio Público a acusar a los ex gobernadores regionales del Cusco, Jorge Acurio Tito y René Concha, Lezama por ser autores  de los delitos de colusión al permitir con diferentes ampliaciones que dicha obra pase de 197 millones a costar 210 millones de soles, ocasionando un perjuicio económico al Estado.

Finalmente,   Rosa Bartra dijo que por estos hechos de corrupción  la población del Cusco sigue padeciendo en el sistema de salud por no contar por un hospital digno que le dé una atención adecuada.

La presidenta de la Comisión Investigadora “Lava Jato”, Rosa Bartra Barriga (FP), advirtió que en relación al proyecto de la Central Hidroeléctrica “Chaglla” en la Región Huánuco, se han registrado indicios de irregularidad en el trámite de concesión definitiva de generación de energía eléctrica otorgado a la empresa de Generación Huallaga S.A.

Informó que Daniel Javier Camac Gutiérrez, viceministro de Energía y Minas, Ismael Valerio Aragón Castro, director general de Electricidad MINEM y Leonidas Antonio Castillo Loza, servidor a cargo de la evaluación del expediente de concesión, habrían incurrido en responsabilidad administrativa, pero aquellas habrían prescrito en atención a lo dispuesto en el artículo 60° de la Ley N° 27785.

Explicó que el Ministerio de Energía y Minas solicitó a Pro Inversión realice una licitación pública para el suministro de electricidad al mercado regulado, mediante nuevas centrales hidroeléctricas. “Pero, el proyecto fue incorporado a un proceso de inversión, pese a no contar con el sustento técnico correspondiente”, acotó.

Dijo que se aprobó un precio máximo de adjudicación superior al valor de mercado y que de esta forma se favoreció a los ganadores de la buena pro, ya que los contratos de suministro tienen un plazo de vigencia de quince años, contados desde la entrada en operación comercial de las centrales hidroeléctricas.

Bartra Barriga sostuvo que en virtud al punto relacionado al requerimiento del proceso de inversión y de la aprobación del precio máximo de adjudicación sobrevalorado, Pedro Emilio Sánchez Gamarra, ex ministro de Energía y Minas y Jorge Alejandro León Ballén, director ejecutivo de Pro Inversión también habrían incurrido en responsabilidad administrativa.

Subrayó que durante el segundo gobierno del expresidente Alan García Pérez, se realizó los procedimientos para la obtención de los derechos a fin de construir y poner en funcionamiento la central, así como la venta de energía eléctrica. “La construcción del proyecto se llevó cabo durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso y la entrada en vigencia del contrato de suministro de energía eléctrica, con la puesta en operación comercial de la central, en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard”, indicó.

Remarcó que el capital social, al 14 de setiembre del 2017, en base a la información que manejaba la Sunarp, era de S/.1,676’619,500.00. “El incremento del presupuesto, comenzó desde el 23 de diciembre del 2009 con US$ 607’757,986 millones de dólares y alcanzó al 31 de diciembre del 2016 la suma de US$ 1,242’875,000”, acotó.

Señaló que las pérdidas que ocasionó el contrato de suministro a Electroperú, ascendió a US$ 317’764,191, “siendo perjudicado la empresa del estado”.

Al terminar la exposición del referido proyecto, la congresista Rosa Bartra solicitó continuar mañana con otros 5 proyectos más para culminar su exposición.

La presidenta de la Comisión Investigadora del caso Lava Jato, Rosa Bartra Barriga (FP), señaló que el proyecto especial de irrigación Chavimochic es un anhelo de más de un millón de pobladores de La Libertad, el mismo que tiene que ser una realidad, pero libre de todo atisbo de corrupción.

Dijo que el costo del megaproyecto, a cargo de Odebrecht y Graña y Montero, fue de 715 millones 447 mil dólares, de los cuales 373 millones los asumió el Estado y 341 millones de dólares las empresas privadas; y que su construcción se ejecutó durante el gobierno de Alan García Pérez.

Chavimochic es un proyecto de propósitos múltiples que tiene como finalidad aprovechar el potencial hídrico del río Santa para mejorar el riego de los valles e intervalles de Chao, Virú. Moche y Chicama, y que además prevé la prestación del servicio de suministro de agua de uso poblacional para la ciudad de Trujillo y para la generación eléctrica.

Bartra explicó que la propuesta se ejecutó a través de una Asociación Pública Privada y que como parte de la estructuración financiera del proyecto se estableció un fideicomiso para el manejo de los recursos. En la actualidad la obra se encuentra paralizada debido al incumplimiento, por parte del gobierno Regional de La Libertad, de entregar el control del proyecto antes de iniciar los trabajos de construcción. Por esa situación el concesionario solicitó la suspensión anticipada del contrato, y más adelante presentó una demanda arbitral.

Un último abono realizado al concesionario fue de 226 millones 100 mil dólares el 6 de abril del 2017 y dos meses después, el 23 de junio del mismo año, presentó una propuesta de adenda para modificar el contrato.

LOS HECHOS

La congresista liberteña dijo que la comisión a su cargo encontró varios hechos relevantes del proceso de concesión durante su investigación, entre ellos el incumplimiento en la entrega de terrenos por parte del concedente; la ampliación del cierre financiero; demora en la contratación de un supervisor; y la propuesta de la Adenda 2.

Dijo que se advierte la existencia de indicios de la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y de negociación incompatible por parte de Huber Arnaldo Vergara Díaz, ex gerente general del PECH; Amilcare Gaita Zanatti, ex funcionario del PECH; Gonzalo Luis Pita Chávez, Jefe de proyectos en Proinversión; Carlos Miguel Puga Pomareda, Presidente del Comité Pro Integración y Gibran José Loor Campoverde, representante legal de la Concesionaria Chavimochic SAC.

Añadió que la falta de la entrega del control del proyecto generó que se paralizaran las obras hidráulicas mayores, la invocación de caducidad de contrato por parte del concesionario, y el inicio de un proceso de arbitraje bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI).

La presidenta de la comisión se refirió a la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y omisión de actos funcionales, aunque por la antigüedad del caso la acción penal está prescrita. (MED)

También considera denunciar por los mismos delitos, a Ricardo Vidal Núñez, ex ministro de Vivienda; Luis Obdulio Tagle Pizarro, ex director del Programa Nuestras Ciudades; Ricardo Salinas Vilcachagua, ex funcionario del Ministerio de Vivienda, así como Gina Carolina Scerpella Cevallos, Wilhelm Eduardo José Funcke Figueroa, José Luis Díaz Oliden, Lucía del Pilar Ledesma Martínez de Cruz, Claudia Janette Salaverry Hernández y Guillermo Orlando Fernández Carrión.

Bartra refirió que el presente informe se debe derivar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, como también al Ministerio Público.

El Centro de Convenciones tendría un área total construida de 85,441 metros cuadrados, con capacidad para 9,950 personas, 945 estacionamientos distribuidos en 4 sótanos, y estaría ubicado en el Centro Cultural de la Nación en San Borja.

“El ministerio de Vivienda concluyó que la propuesta más favorable era la de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y para la ejecución se designó a la Constructora OAS SA., Sucursal Perú, y para la supervisión al Consorcio Supervisor Centro de Convenciones.

“Al presentar el proyecto el costo total ascendió a S/. 524’716,875.38 soles, pero después se registró un incremento de S/.14’410,702.50 soles, llegando al costo total la suma de S/.539’127,577.88 soles”, explicó.

Bartra presentó el audio de una conversación telefónica entre Marciano Víctor Torres Humbachano, ex jefe de operaciones de la OIM y Elías Teodoro Tapia Julca, representante legal de Acruta &Tapia Ingenieros SAC. “Se le reconoce a sus funcionarios, a sus bienes y haberes contra todo procedimiento administrativo o judicial, son invocadas para excusarse de brindar información sobre proyectos en los que prestó asistencia técnica para obtener beneficios”, señaló.

Respecto a la elección del ejecutor “Constructora OAS SA Sucursal del Perú”, Bartra dijo que el registro de reuniones con representantes de OAS en la agenda N° 3 “Renzo Costa” de Nadine Heredia, revela que hubo reuniones con Valfredo de Assis Ribeiro Filho, representante de OAS en el Perú y Joao Pinheiro, presidente de OAS.

Además dio a conocer que Tracy Joseph Reinaldet, abogado de los investigados brasileros del Caso Lava jato, identificó a Rocío del Carmen Calderón Vinatea, la amiga que actúa por la esposa del presidente. Es ella la que viaja a Brasil para hablar con Ricardo Pessoia, a fin de hacer una prospección de posibilidades en el 2012.

NADINE Y HOSPITAL LORENA DEL CUSCO

En cuanto al proyecto del Hospital Antonio Lorena del Cusco, Bartra dijo que quedó demostrado el vínculo existente entre la empresa brasilera OAS con Ollanta Humala y Nadie Heredia, que permitió la presunta recepción de una coima equivalente a S/4,75 millones, a cambio del otorgamiento de la buena pro, valiéndose de Jorge Acurio, gobernador regional del Cusco por el Partido Nacionalista Peruano.

Expresó que en marzo del 2017, el ministerio de Vivienda le resuelve parcialmente el contrato a OAS. La Contraloría General de la República, hizo 4,000 observaciones, y advirtió que el ministerio de Vivienda no subsanó todas las observaciones que ello generó un riesgo para los usuarios en caso de un siniestro. OAS demandó al ministerio para que declare formalmente recibida la obra y declare la nulidad de las observaciones”, añadió.

La legisladora indicó que se va a remitir el presente informe al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que evalúe cursar invitación para conciliar a la Constructora OAS SA Sucursal del Perú, también al Consorcio Supervisor Centro de Convenciones, ambas por incumplir con una serie de obligaciones reglamentarias.

Finalmente, recomendó a Pro Inversión que concluya el concurso público internacional del proyecto “Operación y mantenimiento del Centro de Convenciones en Lima-Perú.

Fuente/ Congreso de la República

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